Cuando la libertad de ser uno mismo se castigaba como un delito de ofensa a la moral

La reciente (y por ahora sólo insinuada) orientación del gobierno Meloni, que ha expresado la voluntad de restablecer la pena de prisión para el delito de actos obscenos en un lugar público, y que actualmente es castigado con una multa administrativa que oscila entre los 5.000 y los 30.000 euros, es motivo de reflexión y preocupación. Los castigos ya eran muy duros y severos hace años, cuando la tolerancia era sin duda menor que ahora, y bastaba sentirse libre para hacer lo que uno sentía para ser castigado con la detención y el encarcelamiento. 

Como lo que le ocurrió en noviembre de 1981 a Porpora Marcasciano, histórica activista y escritora trans italiana, que recientemente relataba en su post de Instagram el día en que fue detenida a la salida de la universidad por aquellos actos en un lugar público considerados obscenos. Tenía 24 años, usaba sólo un poco de lápiz en los ojos y ropa acorde con la época histórica en la que vivió. No había hecho más que ser lo que era, lo que sentía que era. Fue detenida durante una redada y trasladada a la prisión de Regina Coeli, donde permaneció cuatro días y cuatro noches. 

En el juicio sumario, al cuarto día, Porpora Marcasciano fue acusada de Actos Obscenos y su abogado, en respuesta, decidió que un acuerdo de culpabilidad sería el camino, el único camino a seguir. 

El resultado fue una condena a dos meses de prisión con libertad condicional y no inclusión en los antecedentes penales: un miserable triunfo hecho pasar por una verdadera conquista obtenida por un Estado que, con su ley de «Buenas costumbres», se burlaba de la forma de ser y de vivir de las personas homosexuales y transexuales. 

Esta historia tensa y triste, por lo tanto, pone de manifiesto una ambición muy compartida: la de no incurrir en una regresión legal, en contraste con el actual progreso cultural que está teniendo lugar en Italia, que la comunidad LGBTQIA+ y el país no se merecen.