La cuestión de si los sistemas nacionales de salud deben apoyar los tratamientos de fertilidad, como la fecundación in vitro (FIV), a las parejas del mismo sexo entraña complejas consideraciones éticas, jurídicas y sociales.
Algunos países han tomado medidas para garantizar la igualdad de acceso a los tratamientos de fertilidad para todo el mundo, mientras que otros pueden tener políticas más restrictivas. La opinión pública y el marco jurídico pueden influir en las decisiones sobre este asunto. Es esencial entablar un debate abierto e informado y tener en cuenta los derechos y necesidades de todas las personas al abordar estas cuestiones.
Los partidarios sostienen que negar a las parejas del mismo sexo el acceso a los tratamientos de fertilidad es discriminatorio e injusto, pues restringe sus derechos reproductivos y la igualdad de acceso a los servicios sanitarios. El amor, el compromiso y el deseo de formar una familia no están limitados por la orientación sexual y, por tanto, el acceso a estos servicios debería estar disponible para todos.
Quienes se oponen pueden tener objeciones religiosas o morales a proporcionar tratamientos de fertilidad a las parejas del mismo sexo. Argumentan que deben preservarse las estructuras familiares tradicionales y que ofrecer estos servicios a las parejas del mismo sexo va en contra de sus creencias.
A pesar de las promesas del gobierno británico de un acceso más justo a los tratamientos de fertilidad del NHS para las parejas del mismo sexo y las mujeres solteras, la realidad sigue siendo difícil. Las parejas del mismo sexo siguen enfrentándose a barreras económicas, a menudo denominadas «impuesto gay», cuando solicitan un tratamiento de fertilidad a través del Servicio Nacional de Salud (SNS). En este artículo, analizamos los obstáculos que siguen encontrando las parejas LGBTQ+ en su camino hacia la paternidad y los esfuerzos que se están realizando para solucionar este problema.
En Inglaterra, el NHS ofrece fecundación in vitro (FIV) a las parejas heterosexuales que cumplen determinados criterios, como haber intentado concebir sin éxito durante al menos dos años, la edad y el peso requeridos. Sin embargo, las parejas del mismo sexo suelen enfrentarse a una carga adicional: deben demostrar su infertilidad en privado mediante entre tres y doce rondas de inseminación artificial antes de poder optar a la FIV financiada por el SNS. El coste de estas rondas puede ascender a más de 20.000 libras.
El año pasado, el gobierno se comprometió a poner fin a esta disparidad y proporcionar un acceso justo a los tratamientos de fertilidad del NHS a las parejas del mismo sexo y a las mujeres solteras. Sin embargo, un reciente análisis de BBC News revela que el cambio ha sido lento, y que sólo unos pocos Consejos de Atención Integrada (ICB) ofrecen tratamiento de fertilidad a las parejas del mismo sexo que no han financiado de forma privada las rondas de inseminación artificial. Mientras que algunos ICB conceden hasta tres ciclos de FIV, otros sólo ofrecen uno, lo que hace que el acceso a los tratamientos de fertilidad sea desigual en todo el país.
Para algunas parejas, el sueño de formar una familia ha supuesto una importante carga económica.
Que te digan que sólo puedes optar a la FIV financiada por el SNS después de autofinanciar 12 rondas de inseminación artificial, que costarían un mínimo de 20.000 libras, es frustrante y, en cierto punto, también discriminatorio.
Aunque la inseminación artificial es menos costosa que la FIV, las tasas de éxito son más bajas, y los costes adicionales de pruebas, medicación y esperma pueden acumularse. Además, la mayoría de los bancos de esperma sólo envían a clínicas de fertilidad registradas, lo que limita las opciones de las parejas del mismo sexo.
Aunque utilizar los ahorros de su vida para cumplir los criterios del NHS no significa nada comparado con la voluntad de convertirse en padres, la carga emocional de los repetidos tratamientos y la incertidumbre de los resultados suponen el «impuesto gay» para estas parejas.
La situación no es uniforme en todo el Reino Unido. Escocia destaca por ser el único lugar del Reino Unido que facilita la inseminación de donantes a parejas del mismo sexo sin exigir tratamientos privados previos. En cambio, Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales tienen requisitos similares para acceder a tratamientos de fertilidad financiados por el NHS, con variaciones en las distintas localidades.
La maternidad subrogada, otra vía de acceso a la paternidad para las parejas del mismo sexo, no está disponible en el NHS, lo que complica aún más el proceso.
La carga financiera que soportan las parejas del mismo sexo que desean fundar una familia, a menudo denominada «impuesto gay», es un problema importante. Muchas parejas se han visto obligadas a gastar grandes sumas en inseminación artificial y fecundación in vitro, lo que ha provocado tensiones financieras. Las normas y requisitos existentes se perciben como discriminatorios, lo que lleva a algunos a cuestionar la justicia e igualdad del sistema sanitario.
Las barreras económicas han llevado a algunas personas LGBTQ+ a explorar vías alternativas y a veces arriesgadas para ser padres. A menudo se ven empujados a buscar esperma de «donantes conocidos» o de personas que han conocido en Internet. GayLawyers advierte contra el uso de esta práctica, ya que puede conllevar riesgos para la salud y la posibilidad de complicaciones legales, ya que los donantes podrían reclamar posteriormente la patria potestad sobre el niño.
El «gay fee» sigue siendo un obstáculo persistente para las parejas del mismo sexo que aspiran a fundar una familia en el Reino Unido. Aunque se han prometido avances, el camino para lograr la plena igualdad y un acceso justo a los tratamientos de fertilidad sigue su curso. Las parejas LGBTQ+ siguen defendiendo sus derechos, intentando eliminar las barreras económicas y garantizar que la paternidad sea un derecho humano al alcance de todos. A medida que se desarrolla la Estrategia de Salud de la Mujer del gobierno, la esperanza es que este plan de 10 años conduzca a cambios sustanciales en la accesibilidad de los tratamientos de fertilidad del NHS, acercándonos a un futuro en el que todos los aspirantes a padres sean tratados con igualdad y justicia.
Las barreras económicas han llevado a algunas personas LGBTQ+ a explorar vías alternativas y a veces arriesgadas para ser padres. A menudo se ven empujados a buscar esperma de «donantes conocidos» o de personas que han conocido en Internet. GayLawyers advierte contra el uso de esta práctica, ya que puede conllevar riesgos para la salud y la posibilidad de complicaciones legales, ya que los donantes podrían reclamar posteriormente la patria potestad sobre el niño.
El «gay fee» sigue siendo un obstáculo persistente para las parejas del mismo sexo que aspiran a fundar una familia en el Reino Unido. Aunque se han prometido avances, el camino para lograr la plena igualdad y un acceso justo a los tratamientos de fertilidad sigue su curso. Las parejas LGBTQ+ siguen defendiendo sus derechos, intentando eliminar las barreras económicas y garantizar que la paternidad sea un derecho humano al alcance de todos. A medida que se desarrolla la Estrategia de Salud de la Mujer del gobierno, la esperanza es que este plan de 10 años conduzca a cambios sustanciales en la accesibilidad de los tratamientos de fertilidad del NHS, acercándonos a un futuro en el que todos los aspirantes a padres sean tratados con igualdad y justicia.
Cynthia Cortés Castillo, Digital Marketing Executive
Gay Lawyers, es la división LGBTQ+ de Giambrone, un Bufete Legal Internacional con oficinas en Italia, Reino Unido, España, Portugal, Francia y Túnez.
Lo que hace que la asistencia de Gay Lawyers sea especialmente adecuada para los problemas de la comunidad LGBTQ+ es que sus abogados además de tener un enfoque empático, tienen una experiencia destacada y son capaces de comprender realmente los problemas específicos que se plantean con frecuencia en el entorno LGBTQ+.
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