La ministra del Interior, Suella Braverman, hablará en el American Enterprise Institute de Washington D.C. sobre la cuestión del estatus migratorio de las personas LGBT+ que huyen de los prejuicios y la criminalización de la comunidad LGBT+ en su país de origen. La base de sus comentarios es que en muchos casos las personas no sufren persecución, sino algo «parecido» a la discriminación.
La ministra del Interior desea que se revise en profundidad la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que cuenta con la aprobación de 146 países de todo el mundo. Aunque la Sra. Braverman tiene razón al afirmar que «…vivimos en una época completamente diferente…» y reconoce que «… hay vastas franjas del mundo en las que es extremadamente difícil ser gay…» no reconoce, que es mucho más que «difícil» si una persona gay nace en un país donde la pena capital es la sentencia por ser gay.
En los países en los que se criminaliza a los homosexuales, el riesgo no sólo proviene del poder judicial, sino a menudo de la población en general en un grado aún mayor. Se cometen agresiones físicas e incluso cosas peores contra los homosexuales en sus propias comunidades.
La organización benéfica Rainbow Migration, que lleva 30 años apoyando a las personas LGBT+ en cuestiones de inmigración, está consternada y señala que sólo el 2% de todos los solicitantes de asilo invocan su orientación sexual como motivo para solicitar protección y el estatuto de refugiado. Además, en el Reino Unido ya se exigen sólidos niveles de prueba de persecución para las personas LGBT+.
Gay Lawyers señala que las amenazas a la seguridad de la comunidad LGBT+ en los 64 países que criminalizan a los homosexuales son muy reales e incluso en los países que han derogado sus leyes antigay, la población en general puede seguir suponiendo una amenaza, ya que muchas personas no están de acuerdo con que se permitan las relaciones homosexuales y siguen manteniendo un pensamiento antigay. Resulta más que sorprendente que el Ministro del Interior se dirija a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que cuenta con la aprobación de gobiernos de mentalidad abierta y libre de todo el mundo.
Sonya Sceats, directora general de Freedom from Torture, comenta que este gobierno ya ha cerrado filas con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) respecto al intento de introducir el envío de solicitantes de asilo a Ruanda a través de la Ley de Migración Ilegal. Expresó su conmoción ante el intento de influir en EE.UU. para que abandone los tratados previamente introducidos para proteger los derechos humanos.
Gay Lawyers considera que, para lograr el objetivo declarado del Gobierno de reducir el número de solicitantes de asilo que intentan viajar al Reino Unido, en lugar de centrarse en un grupo minoritario que sufre una persecución atroz en algunas partes del mundo, un plan mucho mejor sería abordar los problemas reales que rodean al sistema de asilo, como el retraso acumulado en la tramitación de las solicitudes, pero, lo que es más importante, perseguir a las bandas criminales que explotan a personas desesperadas que viven con miedo y necesitan protección.
Gay Lawyers no se ocupa directamente de las solicitudes de asilo, pero puede ayudar a las personas a solicitar una serie de visados que les permitan vivir y trabajar en el Reino Unido.
Gay Lawyers, es la división LGBTQ+ de Giambrone, un Bufete Legal Internacional con oficinas en Italia, Reino Unido, España, Portugal, Francia y Túnez.
Lo que hace que la asistencia de Gay Lawyers sea especialmente adecuada para los problemas de la comunidad LGBTQ+ es que sus abogados además de tener un enfoque empático, tienen una experiencia destacada y son capaces de comprender realmente los problemas específicos que se plantean con frecuencia en el entorno LGBTQ+.
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