Padua: la fiscalía solicita las actas relativas al registro civil de hijos de parejas homosexuales

La fiscalía de Padua ha pedido al ayuntamiento que remita los actos relativos al registro: «inscripciones de los hijos de parejas homosexuales», con la posibilidad de recurrir después al Tribunal para que los anule.

En discusión están los certificados de nacimiento y 33 inscripciones de hijos de parejas del mismo sexo desde 2017 hasta la fecha, desde cuando la administración de centroizquierda optó por abrir este camino a las llamadas familias arcoíris.

Hace un mes, la Prefectura ya había informado a las autoridades judiciales de los procedimientos seguidos por el municipio, a instancias del alcalde, para registrar a los hijos de parejas homosexuales, con especial referencia a los hijos de dos madres, una de ellas biológica. Previamente, el prefecto Raffaele Grassi había enviado una circular a todos los alcaldes de la provincia de Padua instándoles a acatar la sentencia del Tribunal de Casación que bloqueaba el reconocimiento en el registro civil de los hijos de parejas arco iris. Sin embargo, tras una reunión entre Grassi y el alcalde Giordani, este último había decidido no cambiar de dirección, continuando con la inscripción de los hijos de parejas homogéneas.

Comentando la reciente petición de la Fiscalía de Padua, el alcalde Giordani declaró: «Como alcalde he actuado en interés exclusivo de las niñas y los niños y de sus derechos fundamentales. Reitero que lo considero mi deber. Los niños están por encima de cualquier debate. Evitar discriminaciones muy graves para ellos es un objetivo que supera las lagunas normativas y persigue valores constitucionales”.

La diputada Rachele Scarpa, del Partido Democrático, también comentó la noticia: «No podemos esperar más: El Parlamento debe legislar urgentemente sobre el registro de los hijos de parejas homosexuales y monoparentales: dejar que la falta de legislación sobre el tema defina el destino de los niños, arriesgándose a que pierdan legalmente a un progenitor con el que han crecido durante años, significa negar los derechos fundamentales de los menores».

Maria Cecilia Castellazzi, Trainee Lawyer