Uganda aprueba una nueva ley contra la comunidad LGBTQIA+

La nueva condena del Parlamento Europeo no ha sido suficiente: Uganda ha aprobado, por segunda vez, una de las leyes contra la comunidad LGBTQIA+ más duras de la historia, después de que el presidente Yoweri Museveni, presionado por la UE y la ONU, hubiera pedido algunos cambios.

La ley, aprobada originalmente el 21 de marzo, tipifica como delito la mera pertenencia a la comunidad LGBTQIA+, además de imponer la delación (es decir, la denuncia tajante) por parte de familiares y amigos. 

Al ser evidentemente inconstitucional, la ley fue modificada posteriormente, evitando la criminalización pura y simple de las personas homosexuales. El propio fiscal general adjunto de Uganda, Jackson Kafuuzi, había sugerido al Parlamento que se eliminara la pena de muerte obligatoria por «homosexualidad agravada», que se convirtió en ley hace mes y medio.

Sin embargo, hay un detalle: esta pena de muerte por «homosexualidad agravada» se ha mantenido y ahora se aplica a determinados actos entre personas del mismo sexo, así como a las relaciones sexuales en las que estén implicadas personas seropositivas, y a delitos graves como la violación y el abuso sexual de menores. Es evidente la inadecuada comparación entre ser homosexual y cometer delitos muy graves y mundialmente considerados odiosos. El proyecto de ley que acaba de aprobarse confirma también las penas de prisión para las personas que apoyen o promuevan los derechos de LGBTQIA+.

El Presidente Yoweri Museveni, que había intentado recurrir a la ciencia para determinar si la homosexualidad era anormal (sólo para demostrar que estaba equivocado, por supuesto), tendrá ahora que firmar el proyecto de ley, que ya había sido examinado una vez y parcialmente rechazado por el Parlamento. La ONU había descrito el proyecto de ley como «una enorme violación de los derechos humanos», mientras que Estados Unidos de América había advertido a Uganda de las previsibles consecuencias económicas, en caso de que el Presidente firmara el proyecto. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo había calificado de «devastador y profundamente preocupante». Según él, si la ley se convierte en definitiva, tendrá «graves repercusiones negativas en la sociedad y erosionará los logros conseguidos a lo largo de los años», abriendo así la puerta a la «violación sistémica» de los derechos humanos de «casi todas las personas LGBTQIA+».

Incluso Human Rights Watch (HRW), en palabras de Oryem Nyeko, había condenado el proyecto de ley: «Una de las características más extremas de este nuevo proyecto de ley es la nueva violación de los derechos a la intimidad y las libertades de expresión y asociación que ya están comprometidos en Uganda».

Pero no es difícil imaginar que Museveni, de 78 años, presidente de Uganda desde el 29 de enero de 1986, y homófobo declarado que ha calificado en repetidas ocasiones a las personas LGBTQIA de «desviados», podría esta vez ratificar la ley, con lo que entraría definitivamente en vigor. 

Una ley que criminaliza a las personas simplemente por ser lo que son